Palabras claves: Caciquismo,
Dictadura de Primo de Rivera, Dictablanda, Repartimiento, Amillaramiento, Padrón
Municipal, Actas plenarias, Jornalería, Zafras, Corrupción
Política-Administrativa, Presupuestos, Censitario, conflictos jurisdiccionales,
Eugenio Domínguez Alfonso, enfitéutico.
1. Introducción:
Esta ponencia surge a raíz del primer contacto
de este investigador con el Fondo Antiguo del Archivo Municipal de Arona. La
búsqueda de documentación que me hicieran entender los antecedentes que darían
al traste con el sistema caciquil en España y Canarias ; y que darían lugar a la II República Española
, me llevaron a “bucear” en la documentación política -administrativa ,
demográfica y económica que aparece en este Fondo Histórico . A partir de aquí
me fui interesando por las Actas Plenarias, Censos de la Población ( padrones
municipales) , Repartimientos de contribuciones agropecuarias , industriales ,
comerciales , profesionales y urbanas , y por documentación de otra índole que
me puso “ tras la pista” de una etapa caracterizada por la extinción del
caciquismo censitario como un régimen de control político- administrativo y
económico.
La documentación analizada nos
lleva a establecer una secuencia temporal que coincide con el final de la Restauración
Borbónicala II República ; una época caracterizada por los
intentos de implantación en los territorios peninsulares de una reorganización
administrativa que cambiará los rumbos políticos y económicos marcados por una
fuerte corrupción de corte caciquil que será el paradigma en la gestión
Municipal : incluida la localidad de Arona .
En Arona en los años que van del 1923 a 1931 tendremos un
gobierno de tipo caciquil y de naturaleza censitaria presidido por el oligarca
local Eugenio Domínguez Alfonso.
En este gobierno estuvo acompañado
de diferentes ediles que estarían también supervisados por el gobernador civil
de la Provincia
siguiendo un estricto modelo censitario. Con lo cual la política y la economía
estaban en manos de los propietarios de la tierra que con frecuentes
“pucherazos” modificaban a su gusto presupuesto y cuentas municipales. Esto
daría lugar a frecuentes enfrentamientos de “tipo jurisdiccional” con el
Ayuntamiento vecino de San Miguel de Abona.
En la base de la población tenemos a la masa obrera: pequeños comerciantes,
pequeños labradores, jornaleros de la zafra del tomate, etc. , y otros productos agrarios, pescadores, cabreros,
etc. Las condiciones de igualdad y justicia social parecían favorecer, casi
siempre, a las clases dirigentes que eran “juez y parte a la vez”…
2. Una propuesta analítica-metodológica ecléctica:
En una primera fase, la investigación historiográfica se centró en el análisis de Los Libros de Actas del Ayuntamiento
de Arona que iban desde 1923 a 1931 persiguiendo la
idea de una mejor comprensión de Los Antecedentes de la
II Repúblicala Historia Recientela Palabra. Esta
Asimismo tuve la oportunidad de
complementar el estudio de estos Cuadernos o Libros de Actas estrictamente
políticos- administrativos cuya referencia espacial y cronológica es
estrictamente la Sesión Plenariala Institución Local
En una segunda fase nos pareció idóneo abordar críticamente los datos
obtenidos , dudando sobre el enfoque historiográfico a utilizar : después de
algunas dudas iniciales sobre la conveniencia del discurso al uso nos
decantamos por dos vías que aunque antagónicas en lo filosófico se antojan compatibles a la hora de construir una
historia comprensible y accesible para todos y todas : y es lo que hemos
llamado como “ una propuesta analítica metodológica ecléctica” donde se
entremezclan :descripciones positivistas, la crítica marxista al capitalismo
burocrático y otras nociones del individualismo psicológico de Madariaga ( que
quizás haya sido el autor contemporáneo que mejor haya comprendido la época
liberal – militarista española inmediatamente anterior a la
II República
Desde el punto de vista de organización cronológica, espacial y temática
de este documento nos pareció pragmático organizar este documento en dos
bloques temporales – institucionales estructurados en torno a sus rasgos políticos,
económicos, educativos, religiosos, etc.…Usando los datos emanados de Los
Libros de Actas y los Censos demográficos y económicos al uso.
1. La etapa de la Junta de Asociados (1923)
2. La etapa de La Municipalidad
Liberalla Alcaldía de Eugenio
Domínguez Alfonso (1924-1931)-.
1. LA ETAPA DE
LA JUNTA DE
ASOCIADOS (1923).
A la luz del Archivo Histórico de Arona me puedo atrever a decir que en
este Municipio no se produce un intento de racionalización y centralización
política administrativa riguroso y moderno hasta el año 1923, año en el que nos
encontramos con la realidad de La
Junta de Asociados, antecedente más claro de las
Municipalidades Plenarias, tal y como hoy las conocemos.
La aprobación del presupuesto sería realizada por una Junta compuesta
por los individuos del Ayuntamiento… Las sesiones de estas Juntas serían
públicas… Para ser designado asociados habría que ser vecino contribuyente. Su
designación se haría por sorteo entre los contribuyentes, repartidos por
secciones. Los elegidos desempeñarían su cargo durante el año económico
(tenemos la certeza de que en Arona se elegía siempre a los mayores
contribuyentes y personas afines al Alcalde).
Las Juntas Municipales de Asociados desaparecerán con la aprobación del
Estatuto de 1924(1)
1.1. Política:
Presidente: Eugenio Domínguez
Alfonso.Secretario: M. González- Interino.Vocales: Tomás González Tavío, José
Manuel Cervino, Froilán González Villareal, Andrés Álvarez y Álvarez, Miguel García, Antonio Bello,
Nicolás Pérez González, Antonio Cabeza Sierra y Eloy García Melo.
La elección del Alcalde será dada por su nivel censitario –contributivo,
pues era uno de los mayores propietarios del Municipio, este a su vez elegía a
sus ediles de los listados de contribuyentes por secciones. Los resortes
democráticos del liberalismo español, sobre todo en los entornos rurales, se
movían en un marco feudal-liberal (caciquil)
que ya analizaremos más adelante.
1.2. Economía:
1.2.1. Economía y Finanzas Municipales.
1 era Junta: En el Pueblo de Arona el 20 de noviembre de 1923, presididos por
Eugenio Domínguez Alfonso. La Junta Municipal
2ª Junta: En el Pueblo de Arona, el 17 de febrero de 1924.
La elaboración de los Presupuestos
Municipales fueron fuentes de discordias edilicias a lo largo de este período
,pero sobre todo en años sucesivos , en los que son corrientes las
impugnaciones de los mismos por el Delegado Provincial de Hacienda ( diversas
serán las referencias documentales a este tipo de controversias) . Hemos de
apuntar que los presupuestos eran listas de ingresos y gastos igualadas, y más
basadas en previsiones de ingresos censitarios (los repartimientos serán un eje
fundamental). Se preveía los mismos gastos que el nivel de ingresos, dejando a
final de año la caja a 0. Para reiniciar un nuevo año económico: muchas veces
las obras municipales eran más producto de las cesiones y subvenciones supra
municipales o a través de empréstitos personales, que por tener estas
Corporaciones una buena gestión económica. Eran frecuentes los pleitos
interclánicos e intercaciquiles entre las familias terratenientes:
Feo-Bello vs. Domínguez Alfonso y
también otros como los Bethencourt, Frías, O´Donell, etc. Y por lo tanto las
modificaciones o “pucherazos “político administrativos… Una sociedad caciquil
de fin de época, pues ni a la
República y menos al régimen nacional católico le iban a
hacer falta el sistema caciquil como sistema administrativo- clientelar y
electoral; y por diferentes motivos.
La presidencia expone que teniendo que
llevarse a cabo la designación de los vocales para la confección del
repartimiento de ha de girarse para el año económico de 1923-1924. Asimismo se
acordó la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Fueron
aprobadas las ordenanzas presentadas para la
base del Repartimiento.
4 ª Junta: En el Pueblo de Arona a
16 de Mayo de 1924.
2 La etapa de La Municipalidad
Liberalla Alcaldía de Eugenio
Domínguez Alfonso (1924-1931)-.
Libro de Actas Ayuntamiento de Arona 1924-1931. Dictaduras de Primo de
Rivera y la llamada “dictablanda” de Berenguer (1)
A finales del año 1923 se produce un
enrarecimiento en España propiciado por una crisis militar , catalanista y
económica social que desembocará en un golpe de Estado Militar consentido por
el rey Alfonso XIII al frente del cual se ponía el militar español Primo de
Rivera;excapitán general de Cataluña y muy cercano al Consejo Real. Esta fase
acabaría de forma súbita con rebeliones por todo el estado, ni siquiera el
relevo militar de Primo de Rivera, el general Berenguer pudo apagar los deseos
de una II República. El “tufo” en España en esta época a corrupción política
era irrespirable.
A pesar de todos estos cambios la sociedad
aronera se encontraba instalada en un pseudo capitalismo o en un feudalismo de raíz
liberal –caciquil –enfitéutico. La base social , con gran diferencia sobre
otros grupos ,era la jornalería: un jornal escaso-esporádico y englobado en
unas relaciones de enfiteusis: medianería –aparcería. Los contratos agrícolas
de medianería y aparcería en un territorio caracterizado por el sequero donde
se sembraban básicamente papas y tomates para la exportación (pocos
significativos en esta época) frente a un predominio de las sementeras de
cereal: trigo , cebada y millo ( en este
orden de prioridad) para la elaboración
del sustento básico aún en esta época: el gofio ; también era predominante el
cultivo protocapitalista de la cochinilla en lo que se denominaban nopales,
tuneras o pencales ;fue característico en esta época en amplias zonas
pedregosas o de risco de Buzanada , Valle de San Lorenzo , Cabo Blanco, Guaza ,
etc. O sea tierras de erial. Ya en esta
época el cultivo de la cochinilla era residual por las apariciones de las
Anilinas o tintas sintéticas. Otros cultivos que empezaron a darse en la Costa fueron los primeros
plantones de plataneras, etc. Este cultivo de exportación atrajo a jornaleros
de municipios vecinos como Vilaflor, Granadilla, San Miguel y Guía de
Isora o del Norte como Buenavista del
Norte y La Orotava. , o desde las
capitales insulares : Santa Cruz o Las Palmas o Fuerteventura y La Palma En
medianías se sembraban también viñas , nogales, durazneros, almendros,
higueras, y otros frutales que acompañaban a la ganadería caprina, ovina en
menor medida y pórcina; ( en los amillaramientos se hacen referencias a tierras
de pastos) en los complementos
subsistenciales de las familias
jornaleras- enfitéuticas, sino también en las clases medias de hortelanos o
agricultores – labradores. Las grandes familias, propietarios, junto con
la clase religiosa copaban los puestos sociales políticos, al igual que
otros profesionales liberales. Aunque la mayoría de éstos al igual que los
funcionarios venían de la
España Peninsular : Orense, Málaga, Cádiz, Huelva,… En esta
época existe ya un asentamiento consolidado en La
Playa de Los Cristianos (abordándose los primeros proyectos
de urbanización de esta localidad con familias de pescadores procedentes de la
zona alta), el mismo caso tenemos en la Playa de Las Galletas. Los oficios eran numerosos
desde los jornaleros-as hasta labradores ( era lo predominante ) y otros como albañiles, carpinteros, amoladores , caleros , pescadores, cabreros, zapateros , herreros , chofer , maestros nacionales, soldados y otros
funcionarios administrativos , telegrafistas , telefonistas y carteros ,
médicos ( que también regentaba la
droguería) , practicantes , comadronas. Industriales, venteros o comerciantes: (abaceros , bodegones y de tejidos . Padrón 1926 y 27 y de 1930 sobre Industriales y
Comerciantes). Todas las mujeres
servirán (domésticas ó servidoras) o serán amas de casa, a excepción de las maestras,
funcionarias, enfermeras y comadronas.
Desde el lenguaje de género podemos decir que en esta época la misoginia y la
exclusión de la toma de decisiones; para la mujer era un hecho.
La moralidad imperante estaba
regida por el catolicismo conservador de esta época, ejemplos tendremos en
asuntos variados. Una problemática social abundante es la aparición de un gran
número de abuelas y madres solteras relacionados con los estratos sociales más
bajos que tenían relaciones de aparcería con las familias terratenientes, o
incluso en muchas ocasiones trabajaban en esas casas. Aunque las criadas o
servidumbre coincidían más con mujeres solteras venidas de otros municipios
como San Miguel de Abona.
El peso demográfico dominante se encontraba en
la denominada zona alta o de Medianías, donde también tenían su residencia las
élites dominantes locales, excepto algunos propietarios absentistas del
municipio vecino San Miguel o de Santa Cruz de Tenerife, Cuba, etc. . Arona y
sus barrios: Túnez, Vento .La
Sabinita , Las Casas y Las Casitas, El Pino, Hondura y
Altavista , El Valle y en menor medida
Cabo Blanco, Buzanada y Guaza. En la costa se enclavaban los núcleos pesqueros
–vacacionales de Las Galletas y Los Cristianos. Arona tenía unas 3500 almas por
esta época (Padrón Municipal de 1928).
B1. Política:
Pleno
de 29 de Mayo de 1924.(Estatuto Municipal de 1924. Obra de Calvo Sotelo. (2))
Salas Capitulares del Ayuntamiento
de Arona. Nombramientos del gobernador civil de la Provincia.
Credenciales
Elección por unanimidad de Eugenio
Domínguez Alfonso: Alcalde –Presidente.
Elección de primer y segundo
Alcalde: 1ero Juan Bethencourt Herrera, 2º Santiago O´Donell Hernández
Esta época va a suponer el principio del fin
del caciquismo en Arona. Este final vendrá dado
por un grado elevadísimo de corrupción
sistémica en el ámbito administrativo-institucional y en su red clientelar; ahí
surgirá la II Repúblicala Falange
de La Jons a
posteriori.
Además no
existió cualquier proceso electoral censitario ni mucho menos sufragista
universal en 40 años.
Pleno del 24 de Agosto de 1924. Salas
Consistoriales. Renuncia presentada por el concejal Juan Bethencourt debido a
su incompatibilidad por haber aceptado el cargo de Fiscal Municipal Suplente. Designado para el cargo vacante de primer
teniente de Alcalde: Santiago O´Donell Hernández por unanimidad. 2º teniente de
alcalde: Diego González Tavío por unanimidad- Suplente del 2º teniente de
alcalde será _ Silviano García Moreno.
El concejal Bethencourt Herrera seguirá en el
cargo, nunca se le da salida de la Corporación. No sabemos realmente en que quedo su
dimisión .Este político aronero fue un personaje muy dinámico y intermediario
básico con el Cabildo de Tenerife donde era miembro del Consejo Insular. Rico propietario,
nunca caso y se le atribuye fama de díscolo y liberal. Las primeras
plantaciones de plátanos en Fincas (Moreque, El Carmen) de Los Cristianos vinieron
de su mano y la de su familia. Constituían junto a los Domínguez y Frías un rival socioeconómico frente al
poder de los Feo – Bello oligarquía caciquil sanmiguelera con sus
ramificaciones clientelares en las fincas de Guaza y las Toscas de Guaza.
Pleno del 18 de septiembre de 1924.Presidido
por el primer teniente de Alcalde Santiago O´Donell Hernández. La corporación
municipal goza de competencias en temas militares.
Pleno del 18 de noviembre de 1924. La
presidencia dio cuenta del acuerdo de la comisión permanente en su última
sesión del 16 del corriente , por la que
se nombró Contador de Arbitrios. La corporación acordó por unanimidad aceptar
el aumento de la Comisión Municipal
Pleno del 30 de noviembre de 1924.
Por unanimidad se acuerdan 6 meses de
excedencia que tiene solicitado el Alcalde: Eugenio Domínguez Alfonso.
Pleno del 31 de diciembre de 1924.
Preside el Alcalde accidental Santiago
O´Donell Hernández. La presidencia dio cuenta de la comunicación dirigida a la
corporación por el concejal de la misma Juan García Villareal renunciando al
cargo por tener que trasladar el domicilio a la Isla de Cuba para asuntos de negocios. Instancia
presentada por Juan Sanz Castañá para la formación del Registro Fiscal de
Edificios y Solares.
Como podemos comprobar la recaudación del
repartimiento de utilidades era una herramienta fiscal básica y fue licitada a manos privadas; la figura del
cobrador-recaudador va a ser muy prestigiable en esta época. Al igual que la de
Alguacil o él médico municipal. Otras profesiones de la
administración (3) eran el secretario y
el fiscal o juez municipal (juez de paz)- Así como los guardas jurados:
precedente de lo que hoy es la Policía Local. Vemos también como la Administración Local
También vemos los primeros avances en la urbanización del territorio
mediante la petición de un Censo de Edificios y Solares- Las mentalidades
protocapitalistas empezaban a aparecer por el sequero del Sur de Tenerife.
Pleno del día 10 de Mayo de 1925.
Presidencia accidental del primer teniente de
Alcalde Santiago O´Donell.
El Ayuntamiento por unanimidad acuerda
conceder la interinidad del cargo de médico e inspector municipal a José Repetó
Belismelis.
Hallamos nuevamente las
preocupaciones básicas políticas de la época: dotar al Municipio de mínimos
subsistenciales: médico, caminos para el transporte de personas y mercancías…
Pleno del 26 de Julio de 1926.
Vuelve a la presidencia el Alcalde: Eugenio
Domínguez Alfonso.
El resto de plenos hasta el 1930 se insertan
en las mismas dinámicas de elaboración del presupuesto y búsqueda encarecida de
recursos ajenas y propias, a través de las vías acostumbradas de la subvención
insular o los frutos recogidos del repartimiento anual , las obras se eternizaban : cementerio, muelle
de Los Cristianos , carreteras, etc.… Los pleitos de grupos de intereses se
sucedían , etc.
Pleno del 10 de marzo de 1930.
Posesión de los nuevos concejales que han de
formar la corporación : “ concejales proclamados : Eugenio Domínguez Alfonso ,
José Tavío Sierra , Juan Bethencourt Herrera , Manuel Cabrera Valdivia ( médico
titular) , Federico Reverón González , Antonio García León , Francisco Mena
García , Jerónimo Alfonso Batista, Antonio Fraga Tavío , Guillermo González Sierra
y Gregorio Linares Miranda. La presidencia interina proclama Alcalde por
mayoría relativa a Eugenio Domínguez Alfonso por resultar así elegido y cede
inmediatamente la presidencia-
Primo de Rivera presentó su dimisión el 28 de
enero en 1930 y
se exilió en París, no sin antes recomendar a Alfonso XIII algunos nombres de
militares que podrían sucederle (entre ellos el general de raíces
catalanas Dámaso Berenguer (4), que asumió la presidencia
interinamente, la llamada «Dictablanda»). Las socialistas, anarquistas y
catalanistas de izquierda firmaron en agosto 1930 el Pacto de San Sebastián, que posteriormente
formarían el gobierno provisional de la Segunda República española.
En este contexto se eligieron nuevos ediles
para las municipalidades por primera vez por sufragio universal.
Pleno del 30 de octubre de 1930.
Formalización de la lista de concejales y
mayores contribuyentes que tienen derecho a la elección de compromisarios para
la elección de senadores. (5)
El último pleno de la
Arona caciquil (6) , por lo menos desde el punto de vista
administrativo estará presidido por Eugenio
Domínguez Alfonso ;el 14 de Abril de1931 se producen las primeras Elecciones
Democráticas y con sufragio universal ; pasando a gobernar desde entonces el
municipio el también burgués liberal Juan Bethencourt Frías. La mayoría la obtendrá el Partido Republicano
Tinerfeño de Gil Roldán que obtuvo 330 votos frente a los dos votos del otro partido
.
B2. Economía y finanzas
municipales y otros…
Casas Consistoriales: sesión de 3
de agosto de 1924.
Nombramiento de las comisiones de
evaluación para el repartimiento general e utilidades que ha de confeccionarse
para cubrir el déficit del presupuesto ordinario de 1924-1925. Aprobadas
por unanimidad.
Como podemos observar la
elaboración de las cuentas municipales ocupaba la mayor parte de los tiempos plenarios,
el resto de las preocupaciones era resolver los problemas infraestructurales
del Municipio: caminos, carreteras, el cobro del repartimiento de utilidades,
etc. La dependencia de las decisiones en inversiones para el transporte
dependían totalmente de lo caritativo que fuera el Gobernador Civil de Turno y
sus gestiones en Madrid.
La educación reglada era totalmente
paternalista y por supuesto segregadora. Las partidas para la Educación eran las de
procurar casa al maestro, un salario del Estado ( no al nivel del resto de las
profesiones liberales) , materiales educativos (debieron de ser escasos por el
volumen de las partidas) y mantenimiento de la escuela de niños-as que
coincidía con la casa del maestro-a. Escuelas en la época sólo tenemos constancia
en Arona Pueblo y en el Valle.
La sanidad público-privada sigue siendo la gran ausente por estos Pagos,
estando vacante el puesto de médico y
practicante habría que desplazarse a los municipios limítrofes de San
Miguel y Adeje o recibir visita en Arona
con el consiguiente gasto económico por el desplazamiento de éstos. El nivel de
las comunicaciones terrestres básicamente se hacía por caminos de carruajes o
acémilas.
Otras preocupaciones municipales están
relacionadas con la reforestación, a pesar de que Arona no goza de pinares, es
el inicio de un pensamiento verde antecedente de la ecología moderna muy propio
del liberalismo romántico burgués.
Se acordó que el recargo municipal
sobre la matrícula de Industrial y Comercial para el próximo año de 1925-26 sea
del 22%.
Nuevamente Los Libros de Actas nos vuelven a
poner sobre la pista de la herramienta de financiación principal de nuestro
Municipio: El Repartimiento de Utilidades cuya licitación pasaba de unas manos
a otras; esto podría ser un síntoma de la difícil cobranza o de procedimientos
ilícitos en el cobro. Vemos en paralelo como el Ayuntamiento aumenta el cobro
impositivo en tasas claves del repartimiento: las matrículas de Industrial y
Comercio; en estos años tanto el Estado Español como las Islas pasaban por una
difícil coyuntura socioeconómica.
Votación del presupuesto municipal para el
ejercicio 1925-1926. Estudiado previamente por la Comisión Permanente
Los arbitrios sobre bebidas alcohólicas subían
cada año y fue fundamental su cobro para
mantener cierto nivel de ingresos en la Municipalidad ; lo
que indica también su demanda y los
niveles de consumo existentes.
En estos años se empiezan a plantear también
las Escuelas Mixtas y Unitarias en núcleos como Cabo Blanco o Los Cristianos:
localidades de casi nueva creación habitadas por parte de la Jornalería Municipalla Municipalidad.
Nuevamente detectamos en estas líneas la
preocupación liberal – modernista de nuestras autoridades por la protección de
los jardines y el embellecimiento de la urbanización, sobre todo en el núcleo
capitalino de Arona .Inquietudes muy burguesas, por otro lado.
Pleno de 12 de octubre de 1925. Reparos al
presupuesto municipal de 1925 -26.
Desde el inicio de la Alcaldía de Eugenio
Domínguez Alfonso las reparaciones al presupuesto municipal se van haciendo
ostensibles desde la Delegación Provincial
La preocupación por impulsar carreteras hacia
el Puerto de Los Cristianos y otra de circunvalación en el Municipio se van
haciendo ostensibles en estos años: la sacada de los productos agrarios de las
familias terratenientes Domínguez, Frías, Bethencourt, Bello –Feo, O’ Donell,
etc.; a través de la rada de Los
Cristianos demanda mejoras en las vías de transporte que conecten ese núcleo
con Arona, pero también con San Miguel.
Pleno del 7 de mayo de 1926. Se dio
lectura a los oficios de los Alcaldes de los pueblos de San Miguel y Granadilla
de Abona.
A través del anterior oficio de justicia
podemos ver como las élites terratenientes del Sur unión esfuerzos para
controlar y organizar la
Justicia en el Sur. Arona delega sus decisiones en José Bello
Feo. Este señor controlaba propiedades
en Arona y San Miguel; otra sanmiguelera como Candida Feo Hernández o
Tomás Bello Gómez (Hacendados forasteros. Repartimiento Individual de la
contribución territorial sobre la riqueza rústica y pecuaria de 1928). Aparecen
en los repartimientos como posesionarios de cientos de hectáreas en este Municipio
y como los mayores contribuyentes, además como absentistas viviendo en San
Miguel. Gran números de éstos terrenos se encuentran en la medianía baja y
costa de Arona (Malpaís); y eran explotado a través de la jornalería o mediante
los censos de tipo enfitéutico que reportaba la medianería / aparcería con sus
niveles característicos de explotación feudal-liberal. El protocapitalismo
entró con esta familia y los Domínguez, o inversores extranjeros como Ahlers
Rahn en nuestro Municipio. Las familias propietarias destinaban los productos
de exportación: grana o cochinilla (en decadencia), tomates, plátanos y papas;
entre otros, a la exportación canalizada por las compañías europeas instaladas
en Santa Cruz de Tenerife. A este
respecto se realizaron inversores esfuerzos en la construcción de carreteras en
este sequero del Sur y las primeras instalaciones de regadíos traídos desde
galerías o pozos.
A este respecto apuntar que las burguesías
aroneras y sanmigueleras tienen un origen común, son descendientes de la
jurisdicción común de Chasna y no
proceden de las estirpes nobles chasneras; sino que se trata de una burguesía
beneficiada por las medidas liberales desamortizadoras. Este periodo del
liberalismo español les permitió acumular tierras antes vedadas por la nobleza.
Aunque su pensamiento estaba dominado por la moral católica, salvo excepciones.
Pleno del 15 de julio de 1926. Después de una
amplia discusión en que intervienen varios concejales, la corporación acordó
por unanimidad prorrogar el presupuesto de 1924-25.
Los presupuestos austeros son el “caballo de
batalla “de estas corporaciones que andan en precario en los económico, la
picaresca para la exención fiscal era una necesidad perentoria para la
población aronera. Incluida las oligarquías locales. En Arona no debió abundar
el ganado mayor y por lo tanto el impuesto sobre carne no lo veían obvio. La
dieta cárnica de la población se debió basar más en ovicápridos y ganado
porcino y otras aves de corral pero de forma no declarada.
Pleno del 23 de septiembre de 1926. Presidido
por el primer teniente alcalde: Santiago O´Donell.
Varias son las preocupaciones de la municipalidad:
la búsqueda de recursos no tiene tregua: las contribuciones industriales y
comerciales aumentan en un 22%, con lo que eso implica para la obtención del
beneficio de las personas dedicadas a esas profesiones. El malestar social en
la época por la presión fiscal era una realidad. El Ayuntamiento tenía gastos
continuos: obra pública, fiestas religiosas y populares, etc.
A
propuesta del Concejal Bethencourt Herrera se acordó unánimemente que en unión
de los demás Ayuntamientos de la Comarca Sur
Esa era la realidad de las Arcas
municipales, la pobreza en la
Arona del año 1926 era acuciante.
Pleno de 19 de noviembre de 1926. Lectura
integra de un oficio del Delegado de Hacienda por el que se ordena las
modificaciones que en el mismo se expresan para el presupuesto de 1926-27.
Otros asuntos fundamentales en esta “proto
organización municipàl” serán la salubridad y la traida del agua hacia la Costa. No tanto para
surtir a los vecinos, que también, sino
para dotar del líquido elemento a los terrenos de regadío de la gran
propiedad aronera y sanmiguelera. Será a partir de estos años el edil Miguel
Bello un importante elemento opositor a los intereses de los Domínguez de
Arona, y también fundamental para los intereses de los Bello-Feo.
Pleno de 4 de marzo de 1927. La corporación por unanimidad en vista
del máximo interés y beneficios que reporta a toda la zona sur , la unión de
los pueblos acordó ceder al Cabildo Insular de Tenerife , toda la pista de
caminos carreteras , hecha en este término municipal.
En años sucesivos se sigue incidiendo en lo
mismo : obras públicas necesarias: caminos , cementerio , urbanización y muelle de Los Cristianos , Aeródromo en El
Camisón , obras en los viales
principales : en la Plaza
del Cristo , en la Calle DuqueLa Torre ambos en el Pueblo , La Carretera hacia Cabo
Blanco ,del Valle a La Camella y Los Cristianos, etc. Habría que ir
preparando el Municipio para el Protocapitalismo que se avecinaba. El sequero
se iba a transformar en un paraíso de
las inversiones en décadas futuras.
Los litigios intercaciquiles por el uso de los
caminos/carreteras con los Bello – Feo
van a tomar también un cariz insular, en el cual tendrá que intervenir el Cabildo,
incluso los municipios van a reglamentar argumentando proteger a sus vecinos en
los usos de los caminos y cómo incidía en la pobreza ; sin embargo detrás de
estos conflictos se encontraban los grandes propietarios de la burguesía
local y sus pleitos por aguas , tierras caminos y carreteras rodadas : es la época de los camiones
de ruedas macizas en el Sur de Tenerife. .Una evidencia de cómo estos no
profesionales de la política también usaban la Institución para sus
negocios privados. Sin embargo, a pesar de sus fricciones económicas tenían
alianzas endogámicas entre éstas familias: Feo-Bello y Domínguez Alfonso, en
asuntos comunes como el control de la Justicia en el Sur, iban de la mano.
Volviendo a los plenos más
significativos como eje cronológico:
Pleno del 15 de Enero de 1928. Seguidamente
se dio cuenta del expediente de pobres que tienen derecho a la asistencia
médica-farmacéutica gratuita durante el año actual de 1928 confeccionado por la Comisión de Beneficencia.
Observamos que desde entonces ya el
municipalismo de tipo asistencialista existía, marcado fuertemente por las
estructuras de beneficencia católicas.
Pleno del 30 de marzo de 1928. Oficios del
Delegado de Hacienda, referentes a reparos y modificaciones al presupuesto
municipal de este Ayuntamiento para el año actual de 1928.
El Ayuntamiento tiene cada año más problemas
para confeccionar sus presupuestos públicos recortando de cultura, jardines…Era
necesario elaborar de una vez por todas un documento fiscal (el amillaramiento)
donde quedaran expuestas todas las rentas y bienes muebles e inmuebles, riqueza
agropecuaria, industrial y comercial. Esta herramienta será clave en años
posteriores para sanear las Arcas Públicas.
La falta de liquidez para afrontar
infraestructuras públicas seguía siendo el caballo de batalla pendiente de esta
época y de las sucesivas. En definitiva la economía regía la precariedad de
medios municipales, el asistencialismo era la tónica dominante; el burgués
terrateniente y católico “velaba por el bienestar” del proletariado jornalero enfitéutico.
Las consecuencias de la carestía en esta época
protocapitalista van a ser dos y claras: la aparición de movimientos sociales
de izquierda (a muy baja intensidad por el momento) y la válvula de escape: con
un destino primordial, la isla de Cuba, pero también Argentina, Uruguay (Montevideo), Puerto Rico y Venezuela.
Para concluir diremos que desde 1923 a 1931 el Municipio de
Arona presenta la estructura de cualquier pueblo español al final del
caciquismo administrativo – político (también llamado restauración Borbónica) y
el principio de la breve pero intensa II República Española. Un territorio
frágil económicamente totalmente dependiente del sector agrario de secano y el
pastoreo, con pocas inversiones aún del regadío (muy localizado). Con una
inmensa masa proletaria jornalera –arrendataria enfitéutica ( medianeros y
aparceros) que eran fundamentales en los procesos de producción y reproducción
social .Frente a este elemento sometido en una red clientelar feudo-liberal se
encontraba una clase media de labradores –pequeños propietarios agrarios,
comerciantes y profesionales liberales que configuraban la burguesía media de
carácter conservador que complementaban a las élites dominantes y gobernantes
en su sistema de explotación protocapitalista con la tutela de la compañías
exportadoras extranjeras.
Anexo: notas al pie de página.
(1) La dictadura de Primo de Rivera fue el régimen político que hubo en España desde el golpe de
Estado del capitán
general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, el 13 de
septiembre de 1923, hasta la dimisión de
éste el 28 de enero de 1930 y su sustitución por la "Dictablanda" del general
Berenguer.
Ley de 8 de Marzo de 1924
Exposición
del Real Decreto-Ley aprobando el Estatuto Municipal. 8 marzo 1924
Señor: El Estado, para ser democrático, ha de apoyarse en
Municipios libres. Este principio, consagrado por la ciencia política, tiene
oportuna aplicación actual a nuestro país, porque para reconstruirlo sobre
cimientos sólidos no basta demoler caducas organizaciones, secularmente
acogedoras de feudalismo político; necesitase, además, oxigenar la vida
municipal, dando a las Corporaciones locales aquella dignidad, aquellos medios
y aquel alto rango que les había arrebatado una concepción centralista,
primero, y un perverso sistema de intromisión gubernativa, más tarde.
El Gobierno acomete la magna empresa lleno de fe en la vitalidad del pueblo español y en sus virtudes cívicas, y no amengua su confianza el espectáculo bochornoso que ofrecían muchos de nuestros Ayuntamientos, porque en la mayoría de los casos, la mala administración no era debida a los de abajo, sino a los de arriba. La ponzoña política prendió en muchas villas y aldeas, y desde ese momento los Concejales eran, antes que nada, secuaces de un partido y servidores de una consigna, generalmente sectaria. De ese modo fue borrándose poco a poco el más leve hálito de ciudadanía en comarcas enteras, sojuzgadas dictatorialmente por una mesnada o un caudillo político influyente. El fenómeno tenía que concluir en un desastre: no otra cosa fueron las camarillas turnantes, y en ocasiones amorales, enseñoreadas de la vida municipal.
Todo eso pudo ser al socaire de una ley centralista, que imponía a los Ayuntamientos, bajo la etiqueta falaz de providente tutela, una tiranía feroz y egoísta. Pero es bien seguro que no podrá retoñar en un régimen sanamente autonomista. Cuando los pueblos sean enteramente libres para darse sus administradores, sabrán escoger los más aptos. Cuando los administradores municipales sean personal e inmediatamente responsables de su gestión, tendrán que comportarse con celo y probidad. Porque ésta es nuestra leal confianza, y porque sentimos profunda convicción democrática, damos el radical paso que supone el nuevo Estatuto municipal. Esperamos y anhelamos que los españoles todos sepan acogerlo con reverencia, aplicarlo con lealtad y fecundarlo con entusiasmo. Para ellos y parala Patria ,
a quien todos servimos, será el provecho, como en otro caso sería la
desventaja.
No es reciente, ni mucho menos, el afán de renovar nuestro régimen municipal. Durante los cuarenta y siete años de vida que cuenta la ley de 2 de octubre de 1877, se ha intentado su reforma, siempre infructuosamente, veintidós veces. Ello patentiza, a la par que la esterilidad de pasados Parlamentos, lo arraigado del mal y lo unánime del diagnóstico.
Por fortuna, esa profusión de iniciativas ha servido para trillar el problema, poniéndolo al desnudo y sobre el pavés en la plenitud de su compleja estructura, y facilitando, de paso, la obra del Gobierno. Justo es destacar entre la maleza de proyectos abortados el presentado por el Gobierno Maura en 1907: discutido durante dos años en torrencial avalancha de enmiendas y discursos —unas y otros ascendieron a varios millares—, logró asensos generales para ciertas trayectorias, que pocos años después recogía casi textualmente el redactado por Canalejas, y que más adelante, en 1919, merecían sanción plena de las dispares fuerzas políticas representadas enla Comisión
extraparlamentaria que reunió el gabinete presidido por el conde de Romanones.
He aquí cómo gran parte de las innovaciones que contiene el Estatuto municipal
están abonadas por el estudio previo y la coincidencia expresiva de hombres
pertenecientes a todos los sectores doctrinales.
Ello no quiere decir, sin embargo, que hayamos seguido ciegamente en su integridad aquellas articulaciones tan reciamente combatidas en la deliberación más prolija y tenaz de que hay noticia en nuestros fastos parlamentarios. No en balde han transcurrido muchos años; no en balde se han operado transformaciones fundamentales en el mundo entero. La valiosísima aportación del proyecto Maura, y en complemento de ella la del que sobre haciendas locales presentó a las Cortes el Gobierno Nacional de 1918, han presidido nuestra obra constantemente; esto aparte, mirando de consuno el rastro indeleble de la tradición y al caudal inmenso de ensayos y horizontes que ofrece la ciencia municipalista contemporánea, hemos procurado afinar matices, definir avances, ensanchar la autonomía y dibujar así el molde de un Municipio libre, democrático y poderoso. De todas suertes, lo que en nuestra obra descuelle por su acierto, su vigor o su lucidez, será justo ponerlo en el haber de aquellos ilustres hombres públicos, que con singular perseverancia vieron ha ya largos años la gravedad de la dolencia y la urgencia de su tratamiento.
El Gobierno acomete la magna empresa lleno de fe en la vitalidad del pueblo español y en sus virtudes cívicas, y no amengua su confianza el espectáculo bochornoso que ofrecían muchos de nuestros Ayuntamientos, porque en la mayoría de los casos, la mala administración no era debida a los de abajo, sino a los de arriba. La ponzoña política prendió en muchas villas y aldeas, y desde ese momento los Concejales eran, antes que nada, secuaces de un partido y servidores de una consigna, generalmente sectaria. De ese modo fue borrándose poco a poco el más leve hálito de ciudadanía en comarcas enteras, sojuzgadas dictatorialmente por una mesnada o un caudillo político influyente. El fenómeno tenía que concluir en un desastre: no otra cosa fueron las camarillas turnantes, y en ocasiones amorales, enseñoreadas de la vida municipal.
Todo eso pudo ser al socaire de una ley centralista, que imponía a los Ayuntamientos, bajo la etiqueta falaz de providente tutela, una tiranía feroz y egoísta. Pero es bien seguro que no podrá retoñar en un régimen sanamente autonomista. Cuando los pueblos sean enteramente libres para darse sus administradores, sabrán escoger los más aptos. Cuando los administradores municipales sean personal e inmediatamente responsables de su gestión, tendrán que comportarse con celo y probidad. Porque ésta es nuestra leal confianza, y porque sentimos profunda convicción democrática, damos el radical paso que supone el nuevo Estatuto municipal. Esperamos y anhelamos que los españoles todos sepan acogerlo con reverencia, aplicarlo con lealtad y fecundarlo con entusiasmo. Para ellos y para
No es reciente, ni mucho menos, el afán de renovar nuestro régimen municipal. Durante los cuarenta y siete años de vida que cuenta la ley de 2 de octubre de 1877, se ha intentado su reforma, siempre infructuosamente, veintidós veces. Ello patentiza, a la par que la esterilidad de pasados Parlamentos, lo arraigado del mal y lo unánime del diagnóstico.
Por fortuna, esa profusión de iniciativas ha servido para trillar el problema, poniéndolo al desnudo y sobre el pavés en la plenitud de su compleja estructura, y facilitando, de paso, la obra del Gobierno. Justo es destacar entre la maleza de proyectos abortados el presentado por el Gobierno Maura en 1907: discutido durante dos años en torrencial avalancha de enmiendas y discursos —unas y otros ascendieron a varios millares—, logró asensos generales para ciertas trayectorias, que pocos años después recogía casi textualmente el redactado por Canalejas, y que más adelante, en 1919, merecían sanción plena de las dispares fuerzas políticas representadas en
Ello no quiere decir, sin embargo, que hayamos seguido ciegamente en su integridad aquellas articulaciones tan reciamente combatidas en la deliberación más prolija y tenaz de que hay noticia en nuestros fastos parlamentarios. No en balde han transcurrido muchos años; no en balde se han operado transformaciones fundamentales en el mundo entero. La valiosísima aportación del proyecto Maura, y en complemento de ella la del que sobre haciendas locales presentó a las Cortes el Gobierno Nacional de 1918, han presidido nuestra obra constantemente; esto aparte, mirando de consuno el rastro indeleble de la tradición y al caudal inmenso de ensayos y horizontes que ofrece la ciencia municipalista contemporánea, hemos procurado afinar matices, definir avances, ensanchar la autonomía y dibujar así el molde de un Municipio libre, democrático y poderoso. De todas suertes, lo que en nuestra obra descuelle por su acierto, su vigor o su lucidez, será justo ponerlo en el haber de aquellos ilustres hombres públicos, que con singular perseverancia vieron ha ya largos años la gravedad de la dolencia y la urgencia de su tratamiento.
El Municipio español, cuna de ingentes libertades públicas, es institución histórica de los más altos prestigios. Su esplendor señala el más alto alcanzado por la nación; su decadencia coincide con la del Estado. No es despreciable la enseñanza que arroja ese paralelismo, de singular elocuencia.
Nuestra reforma aspira, ante todo, a restaurar el sentido nacional de autonomía que ha presidido, en sus albores y en su opulencia, la evolución de la vida municipal española, lo cual empareja armónicamente con los postulados científicos, porque el principio del Lome rule municipal tiene ya la categoría de dogma universal indeclinable.
Ese criterio de autonomía impone otro: el de máximo respeto a la realidad social. El Municipio, en efecto, no es hijo del legislador: es un hecho social de convivencia, anterior al Estado y anterior también, y además superior, a la ley. Esta ha de limitarse, por tanto, a reconocerlo y ampararlo en función adjetiva. Ahora bien: la convivencia se da en núcleos de gradación ilimitada, desde los insignificantes, que sólo constan de unas cuantas docenas de vecinos, hasta los gigantescos que cuentan por millones sus habitantes. Y no sólo tienen carácter comunal los Municipios propiamente dichos: lo tienen también las entidades menores o fracciones de Municipio, así como las entidades mayores o agrupaciones de Ayuntamientos. Por todo ello, el nuevo Estatuto admite la personalidad municipal allí donde la naturaleza la engendra, sin establecer requisitos de mero artificio, que nunca han tenido posible cumplimiento; y admite también la de los anejos, parroquias y demás grupos menores de población, que tanto abundan en algunas regiones españolas, así como la de las entidades supra municipales que constituirse puedan para la mejor realización de los fines comunales.
Afirma, pues, el nuevo Estatuto la plena personalidad de las entidades municipales y, en consecuencia, reconoce su capacidad jurídica integral en todos los órdenes del derecho y de la vida, dejando sin vigor las leyes desamortizadoras, ya en suspenso por anterior disposición.
El reconocimiento de la variedad de tipos de convivencia comunal fluye a través del articulado con una persistente distinción entre el Municipio rural y el urbano. En el primero se instaura la forma más plena de democracia pura: el Concejo abierto, institución de castizo sabor nacional, que regirá en más del 50 por 100 de los Municipios existentes, o sea, en todos los que no excedan de 1.000 habitantes.
Pero esa y otras análogas diferenciaciones no bastarían por sí solas para dar a cada Municipio la fisonomía político-administrativa que le convenga. Ni siquiera bastaría establecer en la ley ocho o veinte modelos de organización, ajustados a los tipos más extendidos de vida municipal que se conocen en el país. La gama de variedades producida por la geografía, la producción, las comunicaciones, el idioma, las costumbres, etc., ofrecería siempre matices infinitamente superiores en número.
Sólo hay un medio para resolver la dificultad, y estriba en otorgar a cada Municipio el derecho de dictarse su propia norma de funcionamiento. Esto hace el Estatuto regulando el régimen denominado de Carta, nombre que tan rancio y recio suena en
Como especialidad novísima del sistema de Carta, admitimos expresamente la implantación de las formas de Gobierno por Comisión y Gobierno por Gerente, que tan espléndido fruto han rendido en otros países. Ellas representan el máximo avance en la ardua empresa de cohonestar la democracia con la eficacia, y parten de la base de que cualquier Municipio constituye un negocio, el mejor negocio para el pueblo si recibe buena administración, por lo que su gestión no debe diferir de la que mercantilmente tengan los negocios privados. El incremento de poderes otorgados a
La fuente originaria de toda soberanía municipal radica en el pueblo: el sufragio debe ser, por ello, su forma de expresión. Pero al suscribir este principio, el Gobierno estima preciso ensanchar sus límites y perfeccionar el procedimiento.
Por ello, hacemos electores y elegibles, no sólo a los varones, sino también a la mujer cabeza de familia, cuya exclusión de un censo que, en fuerza de ser expansivo, acoge a los analfabetos, constituía verdadero ludibrio. Y por la misma razón rebajamos la edad electoral a veintitrés años, que en casi toda la península confieren plena capacidad civil, aunque subsistirá la de veinticinco para la elegibilidad, teniendo en cuenta alguna especialidad foral y la conveniencia de no hacer capaces para la administración activa de organismos políticos a quienes no lo son para la de su propia vida civil.
Y, por último, establecemos la representación proporcional, implantada ya en casi todos los países europeos y defendida, respecto a los Municipios, por algún tratadista que acerbamente la combate en su aplicación al parlamento. Nuestro sistema es el de lista, con cociente electoral sencillo y un segundo cociente para aprovechar los residuos, y no llevamos a máximo rigor aquel principio de lista, porque en un país políticamente inadecuado, que hasta ahora sólo vivió un imperfecto sistema de representación mayoritaria, intentar la reforma con criterio intransigente equivaldría a ponerla en peligro. Aprovechando esta coyuntura, ofrecemos otras innovaciones de carácter preventivo contra los fraudes más usuales: entre ellas destacan el secreto del voto, la ampliación de la fe pública y el robustecimiento de la autoridad notarial.
Los Municipios, sin embargo, no son simple suma de individuos: en ellos viven y alientan también corporaciones, asociaciones, en una palabra, personas jurídicas colectivas. Si el sufragio ha de ser fiel reflejo de la realidad de un pueblo, al Ayuntamiento deben ir no solamente quienes representen a los individuos, sino también quienes representen a las entidades. A esto responde la creación de los concejales corporativos, que ya Maura y Canalejas propusieron en sus proyectos respectivos. Ambos concedían a la representación corporativa la mitad de los puestos edilicios que hay en cada Ayuntamiento; nosotros la otorgamos solamente una tercera parte, deseosos de proceder con criterio prudente. Quien enfoque desapasionadamente el problema habrá de proclamar esta mesura, ya que no nuestro acierto.
Como manifestación del mismo principio de soberanía municipal, queremos registrar aquí el referéndum. Esta institución es propuesta en el nuevo Estatuto para la votación definitiva de ciertos acuerdos trascendentales, y si el espíritu de ciudadanía reacciona adecuadamente, alcanzará eficientes valores educativos en el control, quizá inexcusable, de los mandatarios por el Cuerpo electoral.
Comparte el Gobierno el prejuicio que en proyectos anteriores se exteriorizó contra los excesos parlamentaristas de algunos Ayuntamientos, y por ello separa el pleno de
El acceso a los cargos concejiles, por un lado se dificulta, por otro se facilita. Prueba de lo segundo se da al capacitar a las mujeres que sean cabeza de familia, a los maestros y a los diputados a Cortes y provinciales y senadores, para desempeñarlos. Testimonio de lo primero se encuentra en la extensión del principio de incompatibilidad a los representantes de gremios relacionados con los abastos públicos, a los letrados y procuradores de litigantes con el Ayuntamiento, a los que sean parientes de empleados, en ciertas condiciones, etc. Ha querido el Gobierno dignificar la condición concejil y cree haberlo logrado cumplidamente.
El problema del nombramiento de Alcalde —vieja cuestión batallona— lo resuelve el Gobierno de manera francamente autonomista: en todo caso será elegida por el Ayuntamiento, y no entre los Concejales, sino entre los electores, la primera autoridad municipal. En este punto se avanza más que en proyectos anteriores: justo es confesarlo.
Pero los Alcaldes tendrán funciones propias y funciones delegadas. Muy conveniente habría sido suprimir las segundas: de esa suerte quedaba totalmente alejado del poder central el Municipio. Mas no cabe ni soñar con esa reforma, que exigiría colocar en cada Ayuntamiento o grupo de Ayuntamientos un funcionario administrativo, con daño para la hacienda nacional y mayor aún para la autonomía, porque ese emisario degeneraría bien pronto en molesto intruso. El proyecto reduce al mínimo los inconvenientes derivados de esa delegación; en el caso peor, sólo podrá ocasionar una exoneración en las facultades delegadas, pero jamás servirá de pretexto fácil para destituir a un Alcalde.
Las suspensiones y destituciones gubernativas quedan suprimidas en absoluto. Concejales gubernativos; para eso, cada titular tendrá un suplente, hijo como él de la elección. Los Concejales sólo dejarán de serlo por providencia judicial; y la simple suspensión no podrá acordarla el Juez municipal, ni siquiera el de primera instancia: siempre se precisará auto de
El Estatuto ensancha débilmente la esfera de privativa competencia municipal. Puede afirmarse que la extiende a todo el territorio y a todos los fines de la vida: no en balde es el Municipio una sociedad humana completa. Entre estas amplitudes queremos destacar solamente tres:
Primero. Los Ayuntamientos podrán construir ferrocarriles y tranvías suburbanos, hasta un límite de
Segundo. Los Ayuntamientos podrán y deberán abordar sus obras de ensanche, urbanización y saneamiento sin necesidad de someter los planes respectivos al informe sucesivo de Corporaciones, Academias y Centros, en peregrinación interminable de años y años: el acuerdo municipal, que por sí solo ahorra dos períodos de la expropiación forzosa, será examinado únicamente por
Tercero. Los Ayuntamientos podrán acordar la municipalización, incluso con monopolio, de servicios y empresas que hoy viven en un régimen de libertad industrial. No es posible omitir esa función en un Estatuto municipal; el nuevo la regula, sin inclinarse a radicalismos societarios ni a estrecheces conservadoras, y al efecto admite la expropiación de industrias y empresas y la rescisión de concesiones, precisando con detalle y en justicia la manera de indemnizar a los expropiados. Y no se crea que nos dejamos arrastrar por el afán de socializar, no sentimos desconfianza hacia la capacidad industrial de los Ayuntamientos, y por ello les forzamos a organizar el servicio municipalizado, bien en forma de empresa privada, bien en forma de gestión que se llama directa, sin que en realidad lo sea, y en uno y otro caso, los Concejales sólo tendrán parte mínima en la dirección del negocio. España es campo sin roturar en punto a la municipalización; el Estatuto da medios y traza cauces amplios para el desfonde. Con prudencia y cautela podrá hacerse mucho en bien de los pueblos, ya que la renta diferencial que permitirá absorber el monopolio municipal asciende en gran número de casos a considerables cifras. En definitiva, la experiencia de los primeros ensayos marcará en el porvenir nuevas rutas más francas, o más restringidas, según lo que de ella resulte.
Al exponer la materia propia de la competencia municipal se enumeran las facultades de los Ayuntamientos; mas éstos tienen también deberes. Su compilación sistemática falta en casi todos los proyectos de reforma. Nosotros la hacemos, persuadidos de que al individuo, como a las entidades, más hay que recordarles las obligaciones que los derechos. Las que pesan sobre los Ayuntamientos son clasificadas en grupos, a saber: en el orden sanitario, en el benéfico, en el de la enseñanza, en el social y en el comunal propiamente dicho. En las secciones correspondientes se apunta de manera integral el boceto del futuro Municipio, sujeto de derechos amplios y a la vez de altas funciones.
Estima el Gobierno un acierto de gran significación pedagógica esta sistematización de servicios obligatorios, que por su misma índole enaltecen la alcurnia jurídica de la personalidad municipal.
En un régimen centralizado, todos los acuerdos municipales pueden ser revocados por la autoridad gubernativa, que resulta así superior a los Ayuntamientos, y a éstos se les convierte en simple rueda del engranaje administrativo del Estado. En un régimen autonomista, por el contrario, las autoridades gubernativas deben carecer de la menor facultad respecto a la vida municipal: consiguientemente, los acuerdos de los ayuntamientos sólo podrán ser impugnados ante el poder judicial, supremo definidor del derecho conculcado, en todos los órdenes.
El Estatuto aplica rigurosamente ese principio. Contra los acuerdos municipales ajenos a las exacciones, pues éstos tendrán régimen peculiar, no concede recurso gubernativo, ni siquiera el de nulidad, que en los casos de extralimitación proponían algunos proyectos. Si afectan a elecciones o actas de Concejales, habrá el recurso judicial ante
Tal autonomía exige un instrumento afinadísimo de responsabilidad, y el Estatuto facilita su exigencia y declaración. En primer término, suprime el trámite previo de recordar el precepto aplicable, que, según la ley de 5 de abril de 1904, es indispensable para promover una demanda de responsabilidad civil. En segundo lugar, hace exigible esta responsabilidad en los casos en que por demora indebida transcurran ciertos plazos precisos, y propone fórmulas que, como la del silencio administrativo y otras, producirán en la práctica inmediata regularización de esta zona del vivir burocrático.
No podían quedar al margen de la reforma los secretarios, contadores y empleados municipales. El nuevo Estatuto es radical en esta materia: crea el Cuerpo de Secretarios y reglamenta el ingreso en él y en los restantes escalafones de los funcionarios, dando primacía absoluta al régimen de oposición. Todas las restantes prescripciones se encaminan a la mayor estabilidad y capacitación de los servidores del Municipio. Ellos habrán de agradecerlo, porque así se les aleja del constante peligro que sobre sus cabezas cernía el vendaval político; pero no lo agradecerá menos el común interés público, que tanto ha de ganar con la depuración de la burocracia municipal.
El Gobierno es respetuoso con la realidad municipal, cualquiera que sea su forma e intensidad. Por ello, no intenta suprimir Municipios, ni exige mínimo de población para que se constituyan otros nuevos. Pero la misma realidad dice que muchos carecen de recursos, hasta el punto de absorberlos casi todo el sueldo de su secretario, y que, por consecuencia lógica, donde tal ocurre es imposible atender, siquiera medianamente, las necesidades comunales.
Sólo un remedio cabe ante esta dificultad: la agrupación forzosa de municipios, sea para ahorrarles gastos inútiles, dándoles un solo secretario, sea para coordinar y mejorar el servicio de funciones delegadas. Esta medida es hija —lo repetimos— de la misma realidad, y de no adoptarla habría que ir a la supresión radical de personalidades municipales, lo que al Gobierno parece inadmisible y antijurídico.
No se ha agotado aún la materia. A las innovaciones ya apuntadas cabría agregar otras muchas interesantísimas —verbigracia, la creación de una cuarta categoría de españoles, desde el punto de vista administrativo: los cabeza de familia; la del Concejal jurado, órgano judicial de los Ayuntamientos, etc.— Pero si de todas hubiésemos de consignar referencia, esta exposición de motivos se haría interminable. Baste con lo expuesto en cuanto concierne a la vida administrativa propiamente dicha de los Ayuntamientos, y hagamos ahora algunas leves consideraciones acerca de sus haciendas.
En lo que atañe a la hacienda, el Gobierno ha encontrado la reforma estudiada y en buena parte implantada y comprobada por la experiencia. Ninguna otra manifestación de nuestra vida pública acusa, en efecto, en estos últimos años, tan positivos y rápidos avances como esta de la hacienda municipal. Corrido ya el primer lustro del presente siglo, todavía la hacienda municipal española descansaba enteramente en los recargos sobre el impuesto de consumos, del que obtenía inmensa parte de sus recursos. Aparte las consecuencias que en orden a la justicia tributaria se derivan necesariamente de tal régimen, convertido en manos del caciquismo en el arma más poderosa de subversión de la vida política, aquel estado de cosas hacía imposible a los Ayuntamientos abordar los problemas que les planteaba el desenvolvimiento de la vida urbana.
Frente a este estado de hecho, nuestros técnicos se consideraban impotentes, convencidos de que no era posible mejoramiento alguno eficaz sin que precediera la reforma fundamental de la hacienda del Estado. Tan firme y arraigada se hallaba esta creencia, que aun reformas que esencialmente afectaron a la hacienda municipal, como las desgravaciones de 1904 y de 1907, se mantenían, al otorgar las compensaciones a los Ayuntamientos, en los estrictos límites del cuadro a la sazón vigente.
Es un mérito imborrable de
La nueva visión del problema fue pronto patrimonio general de los teóricos y prácticos, y las líneas generales de la reforma hallaron expresión en el proyecto de ley regulando las exacciones municipales de 7 de noviembre de 1910, presentado a las Cortes por el gabinete Canalejas.
La supresión del Impuesto de Consumos, ordenada por la ley del siguiente año, agravó la urgencia de la reforma. Cualquiera que sea el juicio que esa ley merezca en la historia de nuestra evolución tributaria, es innegable que, mediante la cesión a los Ayuntamientos de una parte importante de la tributación real de producto, allanó el saneamiento de la hacienda municipal en un punto delicado, a saber: en su relación con la hacienda general. Y es asimismo evidente que en ella vibró el propósito de obligar a ciertas clases sociales al sostenimiento de las cargas municipales con mayor eficacia que hasta entonces.
Madurada así la reforma, los Gobiernos que se sucedieron desde 1917 prepararon su ejecución. El proyecto de 1910, aunque no discutido en las Cortes, se había convertido en el núcleo de cristalización de las nuevas ideas, y al estudiar la reforma se tomó en cuenta dicho proyecto, haciéndose una revisión fundamental de su texto, cuyos resultados aparecen en el Real Decreto de 31 de diciembre de 1917 y en el proyecto de ley de exacciones municipales presentado a las Cortes en 1918 por el llamado gabinete nacional.
La incorporación de los preceptos de ese proyecto a nuestra vida administrativa representa uno de los más notables casos de recepción espontánea del derecho que registra la historia jurídica. Circunstancias políticas, que están vivas en el recuerdo de todos, hicieron imposible su discusión y aprobación. Pero la necesidad de la reforma impuso, no obstante el enorme poder de los intereses opuestos a ella, la concesión al Gobierno de una serie no interrumpida de autorizaciones, en virtud de las cuales, bien por iniciativa del mismo Gobierno, o bien a petición de los Ayuntamientos, gran parte de las disposiciones del proyecto han ido aplicándose en los Municipios del Reino, incluso en los de alguna provincia foral.
No podía el Gobierno, ante un plan de reforma tan seriamente elaborado y tan eficazmente contrastado en la experiencia, vacilar un solo instante en incorporarlo al Estatuto con aquellos acoplamientos que fueren precisos.
La significación de esa incorporación es clara. De un lado, servirá para convertir en estado legal, firme y definitivo, el puramente precario en que hoy se halla la vida municipal desde el punto de vista económico, aun en aquellos Ayuntamientos en que rige el proyecto de 1918. Y de otro lado, arrancará a la libre decisión de los Ayuntamientos la aplicación de ciertas normas jurídicas que deben ser universalmente reconocidas y acatadas como tales, porque constituyen una especie de derecho de gentes de la hacienda pública. Al establecer estos moldes genéricos, el Gobierno no contradice su designio autonomista, fuertemente acusado en el libro primero. Hace la debida distinción entre lo puramente gubernativo y lo tributario, porque la actividad de los Ayuntamientos, si careciese de cauce y freno preventivos, cuando toca a los intereses particulares de contribuyentes, podría degenerar en peligrosa arbitrariedad, difícilmente subsanable a posteriori con recursos judiciales que a lo sumo corregirán el caso individual, nunca el error de principio o el absurdo técnico.
Por lo demás, la plena instauración del proyecto suprimirá el sello particularista que tienen algunas de sus implantaciones fragmentarias, extendiendo a todas las zonas del vecindario, proporcional y equitativamente, las cargas municipales.
Son interesantes las modificaciones que se introducen en el proyecto de 1918. Desde luego se declara la redimibilidad de las exenciones de gravámenes municipales anteriormente otorgadas, a título oneroso, y, en cambio, se facilita la exacción de los derechos y tasas municipales en forma de participación en los productos brutos o en los rendimientos netos de las empresas que aprovechen para sus negocios el suelo, subsuelo o vuelo del término municipal.
El arbitrio sobre incremento del valor de los terrenos sitos en el término municipal, que no figuraba en el proyecto de 1918, se incorpora al Estatuto municipal, reduciendo sus tipos de gravamen a límites de gran prudencia y suprimiendo las deformaciones y limitaciones del impuesto que los intereses particulares habían introducido posteriormente en él.
La viciosa constitución agraria de muchas provincias del Reino ha colocado en situación difícil infinidad de aldeas de nuestras serranías. Para dar solución satisfactoria al problema se tropezaba con el obstáculo de que la base del valor de los terrenos, que hasta entonces era el único camino seguido por la técnica para traer a tributación la renta diferencial de los incultos o insuficientemente cultivados, ofrece tipos de capitalización que entre sí difieren, según las comarcas, hasta en un 300 por 100. Agudizado el problema por los carboneos extraordinarios de estos últimos años, se establece en el Estatuto una fuente de arbitrios municipales, regulando con especial prudencia la manera de declarar inculto o mal cultivado un terreno y de aprovechar fiscalmente esta deficiencia.
En el arbitrio de inquilinato se introduce una modificación inexcusable, encaminada a facilitar su pago a las fondas y casas de huéspedes que actualmente soportan por este concepto carga superior a sus medios. La revisión ha tenido por norma individualizar el gravamen, hasta el punto de transformarlo de hecho en una tasa de residencia.
El repartimiento general de utilidades, como medio de salvar el déficit de los presupuestos municipales, hállase regulado en el Decreto-Ley de 11 de septiembre de 1918 en forma que se estima insuperable. El Estatuto trasplanta aquella regulación casi íntegramente, y al propio tiempo, basándose en dictados de la experiencia, autoriza una peculiar y restringida modalidad, que en los grupos rurales modestos permitirá arribar al mismo fin con menor esfuerzo técnico.
Falta en nuestro sistema general tributario el elemento que individualice los gravámenes de un modo suficiente, y mientras esta laguna exista, necesariamente carecerá la hacienda municipal del instrumento que debería facilitar, en términos de mayor perfección, funciones hoy encomendadas al arbitrio de inquilinato, que éste sólo de modo muy imperfecto puede abordar. Por aquella misma laguna, el avance de la hacienda municipal está detenido en la más importante de nuestras contribuciones reales, lo cual obliga al repartimiento general a soportar una carga superior a la que en justicia sería deseable. Es misión de la reforma en el porvenir poner remedio a estos defectos; pero aun con ellos, el régimen de exacciones municipales, tal como se regula en el Estatuto, puede sostener, en términos generales, la comparación con cualquiera otro de Europa.
El Gobierno ha puesto especial interés en regular dos problemas apenas abordados en la ley vigente ni en ninguno de los proyectos de su reforma: el del crédito municipal y el de los presupuestos extraordinarios. El Estatuto autoriza a los Ayuntamientos a emitir letras de cambio y pagarés a la orden, y establece las normas básicas a que en todo caso deberá ajustarse la emisión de empréstitos, cuyos fines únicos señala, para impedir que, como hasta aquí, tengan por misión saldar el déficit de una gestión desordenada.
Al propio tiempo, el Estado amplía el margen de recursos tributarios de los Ayuntamientos, concediéndoles, como ingresos especiales que puedan servir de sostén a presupuestos extraordinarios, recargos sobre ciertos arbitrios municipales. Al otorgar esta concesión, el Gobierno procede con generosidad; pero en todo instante adopta precauciones inspiradas en la necesidad de garantizar los intereses del contribuyente, a quien se reconoce un amplio derecho de fiscalización en todos los órdenes de la imposición y recaudación municipales.
En primer término establece una franca línea divisoria entre presupuestos ordinarios y extraordinarios, prohibiendo severamente el déficit inicial en aquéllos. Traslada al Ministerio de Hacienda la competencia para entender en todo cuanto concierne a presupuestos y a exacciones municipales, poniendo así fin a la perturbadora dualidad de jurisdicciones que en esta materia existe desde 1911. Los acuerdos sobre establecimientos de imposiciones municipales serán impugnables en la vía económico-administrativa, ante
Desaparece el trámite ineficaz de aprobación gubernativa de las cuentas municipales, que en lo sucesivo corresponderá, con carácter provisional, a la misma Corporación municipal anualmente, y con carácter definitivo, cada tres años, a
Por último, el Estado regula el tratamiento aplicable a los Ayuntamientos que sean incorregibles en el desarreglo de su hacienda, llegando a las sanciones más extremas por caminos de cautela y prudencia.
No estará de más indicar que en este Libro, como en el primero, el Gobierno rinde respetuoso acatamiento a la personalidad de las entidades locales menores y les confiere el derecho de intervenir, por medio de sus legítimos representantes, en los dos actos más importantes de la vida municipal: la redacción de presupuestos y la aprobación de cuentas.
Tal es, Señor, a grandes rasgos, el Estatuto municipal que el Gobierno de mi presidencia tiene el honor de someter a Vuestra Real aprobación.
Estudiada con cariño y meditada con serenidad, pone el Gobierno en esta obra todos sus fervores y las más grandes esperanzas, y con ella inicia la de reconstrucción política, que ha de seguir al período de desmoronamiento. Incumbe ahora a los ciudadanos realizar la segunda parte, acogiendo efusivamente la reforma, que fructificará si ellos saben ampararla contra la picardía, aplicarla sin desmayo y defenderla de los ultrajes que directa o encubiertamente traten de inferirla los intereses creados.
Por las razones expuestas, el Presidente que suscribe, de acuerdo con el Directorio Militar, tiene el honor de someter a la aprobación de Vuestra Majestad el siguiente proyecto de Decreto.
Gaceta de Madrid, 9 marzo 1924
Carta de Miguel Primo de Rivera .
Presidente del Gobierno de España ( Directorio Militar) a el rey Alfonso XIII
Borbón.
(2) . La obra más significativa de Calvo Sotelo como
director general de la
Administración fue el Estatuto Municipal,
publicado el 8 de marzo de 1924, fruto de la concepción que Calvo Sotelo tenía
del Municipio como "hecho social de convivencia
anterior al Estado y anterior también, y además superior, a la ley. Esta ha de
limitarse, por tanto, a reconocerlo y ampararlo en función adjetiva [...]
Afirma, pues, el nuevo Estatuto, la plena personalidad de las entidades
municipales, y, en consecuencia, reconoce su capacidad jurídica integral en
todos los órdenes del derecho y de la vida". Además, siempre según
Calvo Sotelo, "el
Estatuto descansa en una concepción optimista del pueblo español. La ley
derogada, con su criterio centralizador y absorbente, oponía al ciudadano un
muro muchas veces infranqueable. Rota la traba, las energías locales, antes
cohibidas, podrán ahora desenvolverse ampliamente."
El Estatuto tenía tres aspectos
fundamentales:
1.
El deseo de democratizar la vida local. Para ello se
rebajaba el voto a los 23 años; se establecía la representación proporcional en
los ayuntamientos; se otorgaba el voto a las mujeres emancipadas y cabezas de
familia ("entre todas las innovaciones del Estatuto acaso sea esta la
más interesante y trascendental", afirmaría Calvo Sotelo, que no
consiguió que el Directorio Militar reconociese el derecho, pero que
consideraba que lo importante era haber logrado dar el primer paso); se
garantizaba el secreto del voto mediante cabinas; se establecía el referéndum
municipal para ciertas cuestiones, incluida la remoción del alcalde... No
obstante, no todos los concejales se elegían por sufragio, sino que proponía
que una tercera parte de los concejales fuesen corporativos.
2.
El aumento de las competencias y obligaciones de los
municipios, que podían organizarse según lo desearan, optando por fórmulas que
iban desde el concejo
abierto al régimen de
carta. Los municipios podrían mancomunarse libremente incluso aunque
pertenecieran a distintas provincias, y también fusionarse o separarse con
permiso de las respectivas diputaciones provinciales. Entre sus
nuevas competencias se hallaba la capacidad para construir ferrocarriles,
abordar empresas urbanísticas, "acordar la municipalización, incluso con
monopolio, de servicios y empresas que hoy viven en un régimen de libertad
industrial", a cuyo efecto se permitirían las oportunas expropiaciones.
Entre sus obligaciones se recogía la de secundar las leyes sociales sobre casas
baratas, retiro obrero y seguros de enfermedad; la de facilitar locales para
escuelas y vigilar la asistencia a la misma, así como el cuidado de la higiene,
la repoblación forestal, etc.
3.
La reforma de la Hacienda municipal, desarrollada por Antonio Flores de Lemus, que preveía la
formación de presupuestos extraordinarios para impulsar iniciativas de interés
público, permitiendo a los ayuntamientos la emisión de deuda para hacerles
frente. Al mismo tiempo se aumentaban sus recursos ordinarios y se creaba un
arbitrio sobre los terrenos incultos o deficientemente cultivados.
(3) ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL. (
Cuadro extraído del Libro de Actas 1924-1931)??-
Plantilla del personal del
Ayuntamiento:
Categoría
-------------------cargo------------------------------------haber líquido anual
(Ptas.).
1………………………..Secretario……………………………4.000,00
1…………………Oficial Auxiliar de
secretaría……………...1.500,00
1…………………Recaudador…………………………..Asignación
variable-
1 Agente
ejecutivo……………………..Ídem
Sanidad
1…………………………Médico
Titular…………………….3250, 00
Inspector
titular de Hacienda
1…………………………Farmacéutico titular
(vacante)………636,50
1…………………………Practicante titular (vacante)…………500,00
1…………………………Comadrona
(vacante)………………..50,00
1…………………………Veterinario
vacante)………………...750,0
1………..Inspector de higiene y sanidad
pecuaria (vacante)……365,00
Personal
Subalterno
1………………………Alguacil del Ayuntamiento………….1200,
00
1………………………Guarda Jurado……………………….1800,
00
(4).La
"dictablanda" del general Berenguer es el último periodo de la Restauración y del reinado de Alfonso XIII caracterizado por el gobierno del general Dámaso Berenguer nombrado por el rey en enero de 1930 para que
restableciera la "normalidad constitucional" tras la Dictadura de Primo de Rivera y al que siguió el breve gobierno del almirante Juan Bautista Aznar, entre febrero y abril de 1931, que daría paso a la proclamación de la
Segunda República Española. El
término "dictablanda"
fue utilizado por la prensa para referirse a la indefinición del gobierno de
Berenguer que ni continuó con la
Dictadura anterior, ni restableció plenamente la Constitución de 1876, ni mucho menos convocó elecciones a "Cortes Constituyentes" como exigía la oposición republicana.
(5) De los electores y elegibles, incapacidades é incompatibilidades.
Artículo 3.° Para ser elector de Senadores es necesario ser español,
mayor de edad con arreglo á la legislación de Castilla, cabeza de familia,
hallarse avecindado y con casa abierta en un pueblo de la Monarquía , y gozar de
todos los derechos políticos y civiles.
Artículo 4.° Son elegibles para Senadores los españoles comprendidos en
el Art. 22 de la
Constitución.
Artículo 5.° No podrán ser elegidos Senadores por las Diputaciones
Provinciales y compromisarios:
1. º Los que desempeñen ó hayan desempeñado tres meses antes de la
elección cargo ó comisión de nombramiento del Gobierno con ejercicio de
autoridad en las provincias donde éstas se verifiquen.
2. ° Los contratistas y sus fiadores de obras y servicios públicos que
se paguen con fondos del Estado, provinciales ó municipales, ni los
administradores de dichas obras y servicios.
3. ° Los recaudadores de contribuciones y
sus fiadores.
Artículo 6. ° En ningún caso podrán ser elegidos Senadores los deudores
al Estado que lo sean por cualquiera clase de contratos ó en concepto de
segundos contribuyentes.
Las Elecciones
generales de España de 1923 fueron
convocadas para el 29 de abril de 1923 y celebradas bajo el sufragio universal masculino.
Fueron las últimas elecciones a Cortes
Generales convocadas
en la Restauración borbónica y, por lo tanto, dentro del sistema de
turnos de partidos dinásticos implantado con la Constitución española de 1876, carta magna
que sería suspendida en septiembre de ese mismo año por el golpe de estado de Miguel Primo de Rivera.
Quien ostentaba el cargo de Presidente del Gobierno hasta la fecha de las elecciones fue Manuel García Prieto.
Las elecciones estuvieron marcadas por
la debilidad extrema del sistema político y la gran conflictividad social
debido a la Guerra del
Rif y los disturbios
en Barcelona. El Partido Conservador estaba sumido en una profunda crisis de
liderazgo desde el asesinato de Eduardo Dato,
mientras el Partido Liberal se presentaba muy dividido en
diferentes facciones.
La mayoría liberal permitió que los
principales líderes liberal-progresistas ocuparan las principales magistraturas
del Estado. Melquíades Álvarez fue nombrado presidente y Álvaro Figueroa y Torres fue el presidente. El jefe del
gobierno fue Manuel García Prieto, elegido con el apoyo
del Partido Liberal y del Partido Reformista.
Ambas cámaras fueron disueltas por la Dictadura de Primo de Rivera cinco meses después, el 13 de
setiembre de 1923.
6. El caciquismo (no confundir con el "cacicato"
tribal) es una forma distorsionada de gobierno local donde un líder político
tiene un dominio total de una sociedad del
ámbito rural expresada como un clientelismo político. Este sistema,
aunque también tuvo su expresión en España, es marcadamente americano. En algunos
países latinoamericanos se usa muchas veces figurativa y
peyorativamente la palabra "cacique" para aludir a quienes detentan
el poder de "redes clientelares" aunque nada tengan que ver con los
pueblos originarios de América.
Los caciques pueden controlar el voto de sus clientes por lo que pueden
negociar con los políticos centrales y ser la cara y base del partido. De esta
forma se crean "democracias" que en el papel funcionan
pero que no son el gobierno del pueblo. Funcionaron durante el siglo XIX y gran
parte del siglo XX en muchas regiones de América y España.
En 1884, el término
"caciquismo" fue incorporado al Diccionario de la lengua de la Real Academia con su significado actual en sus dos
acepciones.
BIBLIOGRAFÍA SUMARIA:
- Alcaraz
Abellán, José. “Canarias y
- Ayuntamiento
de Arona : “Libros de Actas de
- Cabrera Acosta, Miguel Ángel. “Las Elecciones a Cortes de 1931 en Las Islas Occidentales “, Coloquios de Historia Canario – Americana. Tomo VIII (1988).
- Martín Martín, Víctor O. y Martín Fernández, Carlos Santiago. “La propiedad como factor de acumulación capitalista en Canarias”. Coloquios de Historia Canario – Americana. Tomo XI (1994).
- Martín Martín, Victor O. “Agua y agricultura en Canarias: El Sur de Tenerife”. (El Secano). Editorial Benchomo (1991).
- Madariaga de, Salvador. “España, ensayo de Historia Contemporánea “. Undécima Edición. Espasa –Calpe. Madrid (1978).
- Pérez Barrios, Carmen Rosa. “Aproximación al estudio de la inversión de capitales indianos en la propiedad de la tierra en el Sur de Tenerife”. Coloquios de Historia Canario – Americana. Tomo XII (1996).
- Pérez
Barrios, Carmen Rosa . “
- Rodríguez
Acevedo, José Manuel. “La pervivencia parcial del sistema de propiedad
feudal en
- Rodríguez Acevedo, José Manuel” La semifeudalidad en la agricultura
española durante
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